Lo que corresponde ahora es que el Ejecutivo promulgue el mencionado proyecto cuanto antes, para responder al clamor ciudadano que en un 79% rechaza el ingreso de las semillas transgénicas, precisamente en un país que además es centro de origen de una amplia biodiversidad.
Aprobado el proyecto, el segundo paso es iniciar un amplio debate sobre las previsiones que deberá asumir el Perú frente a los llamados organismos genéticamente modificados y sus efectos contaminantes. Recordemos que siguiendo el ejemplo de naciones desarrolladas, el país rechazó tajantemente esos bienes y más bien dio pasos agigantados en la certificación de sus productos originales, un campo que se vería seriamente afectado por una política que promueva indiscriminadamente el uso de transgénicos.
Hay que señalar que desde el mes de abril, cuando el Ministerio de Agricultura promulgó sorpresivamente el nefasto Decreto Supremo 003-201 –que abrió las puertas a la entrada de los transgénicos–, el Congreso se mantuvo en una preocupante inacción y compás de espera frente a esa terrible amenaza.
Ni siquiera las protestas que se originaron en diversos puntos del país, luego de que varias regiones se declararon territorios libres de transgénicos, motivaron una respuesta del Parlamento.
Es más, en una verdadera corriente de opinión que nuestro Diario ha defendido, agricultores orgánicos, un sector de médicos, ingenieros agrícolas, exportadores y hasta chefs, expresaron su protesta contra la liberación de transgénicos en nuestro país. Sin embargo, nada se ha hecho para, por lo menos, etiquetar aquellos productos alimenticios que cuentan con transgénicos entre sus ingredientes. Salvo algunas iniciativas de la sociedad civil, a la fecha no hay estudios concluyentes sobre la inocuidad de estas semillas y alimentos para el entorno y la salud humana.
Ahora que el Congreso aprobó la moratoria, el Gobierno debe definir con transparencia si quiere cautelar la inigualable riqueza natural y orgánica de nuestros cultivos biodiversos o imponer los cultivos modificados, con todos los perjuicios que ello conlleva.
La tendencia es que los primeros están creciendo, mientras los segundos han empezado a contraerse. Por eso, antes de abandonar el poder, el presidente Alan García debe actuar con responsabilidad y valorar que el Estado Peruano no puede boicotearse, en perjuicio de su riqueza biodiversa y única.
Por lo pronto, es positivo que el proyecto aprobado por el Congreso fije como autoridad competente en este tema al Ministerio del Ambiente y no al Ministerio de Economía, como ha venido sucediendo. Igualmente, es importante que se cree un grupo de expertos para evaluar y prevenir los riesgos que tarde o temprano entrañarán los transgénicos en nuestro país, y que se incida en las bondades y aplicaciones de nuestros cultivos orgánicos, que cada vez encuentran más mercados.
elcomercioperu)
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